Impacto económico inmediato
La decisión de Estados Unidos de imponer un arancel del 12,5% a las flores colombianas representa un impacto cercano a US$250 millones anuales sobre las exportaciones. Con ventas de US$2.000 millones hacia ese mercado —equivalentes al 80% de los envíos totales del sector—, la medida incrementa los costos de acceso y reduce la competitividad de una de las principales actividades no minero-energéticas del país.
Contexto de la medida
El ajuste fue adoptado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en el marco de la Sección 301, relacionada con la prevención del ingreso de mercancías producidas mediante trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.
Es importante aclarar que la decisión no cuestiona las prácticas de producción en Colombia, sino la ausencia de medidas regulatorias para impedir el ingreso de insumos importados que pudieran estar asociados con estas prácticas.
Competencia internacional desigual
La medida modifica las condiciones de competencia regional:
Colombia: arancel del 12,5%.
Ecuador: arancel cercano al 6,8%, gracias a su Acuerdo de Comercio Recíproco y la aplicación del arancel de Nación Más Favorecida.
Este diferencial genera una presión adicional sobre la floricultura colombiana, que durante décadas ha consolidado estándares de calidad, sostenibilidad y cumplimiento.
Relevancia del sector floricultor
La floricultura colombiana es el segundo renglón de exportación no minero-energético del país y un símbolo de la relación comercial con Estados Unidos.
Genera cerca de 240.000 empleos formales en Colombia.
Sostiene alrededor de 220.000 empleos en la cadena de distribución estadounidense.
El nuevo arancel amenaza la estabilidad de esta actividad, clave para el empleo rural y la economía nacional.
Respuesta institucional
Frente a la coyuntura, Asocolflores anunció que continuará trabajando de manera articulada con el Gobierno Nacional para:
Fortalecer la diplomacia comercial.
Preservar la competitividad del sector.
Defender las condiciones de acceso al mercado estadounidense.
La prioridad es proteger el empleo formal rural, mantener la confianza con los compradores internacionales y salvaguardar una relación comercial que ha generado beneficios económicos y sociales para ambos países.
