Por: Santiago Echeverri, MBA Ejecutivo

A propósito de las discusiones que se adelantan sobre el alza del salario mínimo en
Colombia y el papel de los gremios como representantes de las empresas, venía a mi
mente cuando hace unos años Santiago Castro, quien fue mi jefe en la Universidad la
Gran Colombia, compartía con nosotros una anécdota con un consiliario (Miembro de
Junta directiva) de la universidad, cuando Castro iniciaba como profesor, este le
recomendaba que no peleará, que no levantara su voz para plantear sus puntos de
vista o para tomar posiciones contrarias a las directivas de turno, que así no llegaría a
ningún lado en este país. Por lo que el día que lo nombraron el rector más joven de una
universidad en Colombia, lo único que supo decirle este consejero, fue que él siempre
supo que llegaría muy lejos.

Hoy, más que nunca son los gremios los llamados a liderar las discusiones históricas
que se libran en el contexto nacional. En representación del aparato productivo del
país, lo fue Jaime Cabal cuando desde Fenalco Nacional, lideró las discusiones sobre
el menester de la reapertura económica, en un país que le apostaba a la cuarentena,
sin medir el impacto económico que aún hoy nos encontramos pagando, porque como
reza en el argot popular “no existe tal cosa como un almuerzo gratis”, alguien tiene
que pagar la cuenta señores. Hoy nos encontramos discutiendo el alza del salario
mínimo, el cual tendrá toda la relevancia de cara a la reactivación económica y el
proceso inflacionario en el que nos encontramos, y la negociación está para alquilar
balcón.

Desde el 3 de noviembre se instaló la comisión que busca concertar el alza del salario
mínimo, la cual está integrada por representantes del gobierno nacional, centrales
obreras y gremios empresariales e industriales. Si el 30 de diciembre no se ha llegado
a un acuerdo, el presidente procederá a establecer por decreto el alza del salario
mínimo para el año 2024, acuerdo que hasta ahora gremios y centrales obreras no han
logrado.

En el marco de esta negociación el presidente de la república, en un trino tildó de
esclavistas las posturas de Fenalco, afirmación de suma gravedad y nada más lejano
de la realidad, esto por tener una posición técnica en donde el aumento del salario
mínimo debe responder al aumento de los precios que terminarán alrededor del 9.5%,
una productividad en terreno negativo y la no pérdida de capacidad adquisitiva de la
clase trabajadora. Flaco favor le hace a la discusión el presidente al llevarla al terreno
de los ataques personales, me sorprendió el silencio de los gremios nacionales y
regionales ante dicho ataque, ya que por ejemplo en departamentos como el Tolima, no
alcanzó a ser noticia. Debemos como empresarios actuar unidos, exigir un diálogo
técnico, de temas técnicos, desde el respeto y evitar caer en falacias ad hominem. Los
invito a cuestionarnos acerca del papel de gremios y Cámaras de Comercio, donde
más del 95% son microempresas y claro que se deben gestionar recursos públicos
para los distintos sectores y mantener excelentes relaciones con los stakeholders, pero

esto nunca en detrimento de su rol de representación y de velar por los intereses de los
agremiados, que incluyen, pero no se limitan a recursos para consultoría, asesoría,
capacitación y acompañamiento en el desarrollo productivo.

No deja de ser inconveniente dar la discusión del salario mínimo en medio de una
reforma laboral que pretende modificar los costos del empleo en Colombia, esto hace
que el marco de la discusión no sea claro. Según la misma ministra de trabajo, no le
interesa promover la creación de empleo con dicha reforma, muy alineado con las
centrales obreras que proponen un alza del 18% que, si bien beneficiará a algunos
colombianos que ya tienen empleo, pero terminará promoviendo la informalidad,
continuará creciendo el desempleo y hará que el país recaiga en un nuevo proceso
inflacionario. Ahora si de reformar el sistema se trata, deberíamos estar hablando de
salario mínimo diferenciado por regiones, al ser Colombia un país donde confluyen tan
distintas realidades económicas, las condiciones en Antioquia o Santander, distan
diametralmente de departamentos como Vichada o Guainía; asimismo, las condiciones
del campo y las principales ciudades del país; por lo que asignar un salario mínimo
universal en este país de contrastes, termina por distorsionar el mercado, promueve la
informalidad, lo cual afecta el recaudo y desfinancia sistemas tan importantes como el
de seguridad social, expone a los trabajadores a salarios bajos, aumenta la
desigualdad y limita las libertades de la clase trabajadora.