Expectativas frente a un nuevo ciclo político
Con la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia en junio de 2026, se acrecienta la expectativa de un gobierno que promete romper con el continuismo y ejecutar transformaciones profundas. Sin embargo, como explica Jara Rodríguez Fariñas, profesora titular y directora del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), estas promesas suelen chocar con la realidad institucional y jurídica que limita los cambios radicales inmediatos.
El discurso rupturista y sus riesgos
La retórica del cambio total es eficaz para captar el descontento social, pero rara vez se materializa en términos absolutos. Según Rodríguez Fariñas:
Polarización social: el discurso de ruptura divide a la sociedad en extremos de “todo bueno” y “todo malo”.
Inestabilidad política y económica: decisiones abruptas pueden deteriorar la reputación internacional y la seguridad jurídica.
Costes institucionales: la eliminación de programas sin evaluación técnica debilita la capacidad del Estado para ofrecer servicios públicos básicos.
“El mantenimiento de este discurso rupturista, aun cuando no se traduzca en cambios absolutos, afecta a la estabilidad y previsibilidad del país, generando riesgos internos e internacionales”, advierte la experta.
Impacto internacional y económico
Alterar compromisos del Estado de manera drástica puede derivar en:
Cancelación de contratos y programas económicos.
Riesgo de litigios internacionales.
Pérdida de confianza de inversionistas y organismos multilaterales.
La seguridad jurídica y la previsibilidad son esenciales para atraer capitales y mantener la cooperación internacional.
El equilibrio entre cambio y continuidad
El verdadero desafío de los sistemas democráticos está en armonizar la legitimidad de un nuevo mandato con la continuidad de las reglas fundamentales del Estado.
Rodríguez Fariñas enfatiza que:
Cambiar prioridades estratégicas es legítimo.
Desmantelar estructuras básicas compromete la funcionalidad del país.
Las reformas deben ser evaluadas con criterios técnicos y contar con respaldo social mayoritario.
“El equilibrio se logrará cuando las reformas institucionales sean aceptadas por la mayoría de la ciudadanía y siempre dentro del marco legal, garantizando que el Estado siga siendo funcional y representativo”, concluye la experta.
Reformas con gobernabilidad
Las promesas de cambio total generan expectativa, pero la gobernabilidad depende de canalizar las transformaciones dentro de la legalidad y con visión de largo plazo. El reto para el nuevo gobierno será construir consensos, mantener estabilidad institucional y garantizar que las reformas respondan a criterios técnicos y sociales, más allá de la retórica política.Empiece a escribir aquí...
