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Inseguridad jurídica y riesgo fiscal: empresas estadounidenses expresan preocupación por el panorama institucional en Colombia

El Consejo de Empresas Americanas alerta sobre decisiones del Gobierno que podrían afectar la confianza inversionista y la estabilidad económica del país

Un escenario político de alta tensión

En las últimas semanas, el contexto político colombiano ha estado marcado por decisiones del Ejecutivo que han generado un intenso debate nacional e internacional. El pasado 10 de junio, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto para convocar una consulta popular con 12 preguntas clave sobre temas como la reforma laboral, la reforma pensional y la transición energética.

Paralelamente, el mandatario planteó la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente si el Congreso continúa rechazando sus proyectos legislativos. A ello se suma la reciente aprobación para suspender la regla fiscal por tres años, lo que implica una mayor flexibilidad del gasto público, vigente desde 2011 como ancla de la sostenibilidad macroeconómica del país.

El CEA Colombia manifiesta preocupación por el debilitamiento institucional

El Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia), que agrupa a más de 115 compañías de capital estadounidense, ha expresado su profunda inquietud frente a este panorama.

“Un entorno democrático estable y previsible es indispensable para preservar la confianza de los ciudadanos, garantizar la seguridad jurídica y proteger el clima de inversión”, señaló Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA.

Durante el primer trimestre de 2025, Colombia recibió USD $3.142 millones en inversión extranjera directa, siendo Estados Unidos su principal inversor. Por ello, cualquier alteración del balance institucional sin el debido procedimiento democrático podría tener efectos adversos sobre:

  • La confianza inversionista
  • La estabilidad fiscal
  • Las oportunidades de desarrollo sostenible del país

La consulta popular: riesgos de una alteración institucional

La firma del decreto presidencial que convoca la consulta popular ha generado preocupación debido a que el Senado negó previamente (el 14 de mayo) el concepto favorable requerido por la Constitución para su legalidad. Esta acción podría significar una afectación a la separación de poderes, uno de los pilares fundamentales de la democracia representativa.

Desde el CEA advierten que avanzar de forma unilateral podría derivar en:

  • Una crisis constitucional sin precedentes
  • Fragilidad institucional
  • Pérdida de legitimidad democrática
  • Incertidumbre regulatoria y jurídica

Suspensión de la regla fiscal: impacto en riesgo país y crédito internacional

La decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal por tres años genera alarma entre los actores económicos. Este mecanismo ha sido clave durante más de una década para:

  • Controlar el gasto público
  • Mantener la credibilidad financiera
  • Sostener la confianza de los mercados internacionales

Suspenderla sin una circunstancia extraordinaria, como exige el marco legal vigente, eleva el riesgo país y podría provocar una degradación de la calificación crediticia. Esto traería efectos inmediatos:

  • Aumento en el costo del financiamiento externo
  • Mayores tasas de interés
  • Incremento del costo de vida
  • Reducción del margen de maniobra fiscal

Inseguridad jurídica afecta decisiones de inversión

Las empresas estadounidenses afiliadas al CEA Colombia participan en sectores estratégicos de la economía nacional, generando empleo formal y desarrollo regional. La creciente incertidumbre jurídica y fiscal pone en riesgo:

  • La planeación estratégica
  • El desarrollo de nuevos proyectos
  • La atracción de capital extranjero
  • La competitividad del país frente a otros destinos regionales

“La solidez institucional y la estabilidad normativa son condiciones no negociables para atraer inversión sostenible a largo plazo”, recalca el informe del CEA.

Llamado al respeto del Estado de Derecho y al consenso democrático

En este contexto, el CEA Colombia hace un llamado respetuoso al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a la Corte Constitucional y a todos los actores sociales del país para que se privilegie:

  • El diálogo institucional
  • El respeto al Estado de Derecho
  • La búsqueda de consensos amplios
  • La preservación de los equilibrios institucionales y fiscales

Solo así será posible mantener la confianza inversionista, garantizar el crecimiento económico y asegurar oportunidades de desarrollo sostenible para todos los colombianos.

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