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ACRIP advierte: aumento del salario mínimo del 23,7 % pone en riesgo al sector empresarial

Un incremento por encima de las proyecciones

La Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) expresó su preocupación frente al incremento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno Nacional en un 23,7 %. Según el gremio, esta cifra sobrepasa la capacidad financiera y productiva de las empresas, generando riesgos para la sostenibilidad del sector empresarial y el desarrollo económico del país.

Un análisis realizado por ACRIP a finales de noviembre reveló que el aumento del salario mínimo no debería superar el 7 %, de acuerdo con las proyecciones financieras y productivas del sector. El estudio, que consultó a más de 150 organizaciones en distintas regiones del país, mostró que las empresas esperaban ajustar los salarios en promedio un 6,2 % para 2026.

Impacto en la realidad empresarial

Para ACRIP, el incremento decretado está muy por encima de la inflación proyectada y de la capacidad real de las compañías, lo que constituye un gran reto para la estabilidad del empleo formal y la competitividad empresarial.

“El incremento del 23,7 % está por encima de la realidad financiera y productiva de las empresas, e incluso de la inflación proyectada, lo que sin duda constituirá un gran reto para el sector empresarial”, señaló la Federación.

Llamado al Gobierno Nacional

El gremio hizo un llamado al Gobierno para que acompañe al sector empresarial en la implementación de estrategias que:

  • Fortalezcan la generación de empleo formal.
  • Impulsen el crecimiento económico sostenible.
  • Mitiguen los efectos del incremento salarial en un año marcado por la reforma laboral.

Asimismo, ACRIP pidió que el aumento de otros gastos básicos de las familias se rija por la inflación y no por el salario mínimo, con el fin de evitar un colapso financiero en los hogares.

Crítica al mecanismo de decisión

Finalmente, la Federación rechazó que el incremento del salario mínimo se haya definido nuevamente por vía decreto, como ocurrió el año anterior, convirtiendo una decisión de alto impacto económico en un asunto político, sin considerar las cifras reales de las empresas ni la situación del mercado laboral.

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