En Colombia, se generan anualmente alrededor de 700.500 toneladas de envases y empaques plásticos, de los cuales solo el 30% se recicla para producir nuevos empaques, según WWF. Debido a esta situación, el Gobierno implementó una estrategia nacional de economía circular desde el 2019. Esta estrategia consiste en un conjunto de lineamientos y acciones dirigidas a promover la transición hacia un modelo económico más circular en el país.
Por esta razón, en el país la lucha contra la contaminación ha llevado a la implementación de rigurosas regulaciones destinadas a reducir el uso y la gestión de los residuos sólidos aprovechables. Lo que pocas empresas saben es que el incumplimiento de estas normativas puede resultar en duras sanciones y multas impuestas por las autoridades y organizaciones pertinentes.
Estas sanciones, que se establecen en la Ley 1407 de 2018 y la Ley 2232 de 2022 pueden incluir el pago de multas de hasta 5.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), que para el año 2024 equivalen aproximadamente a $6.500 millones, considerando que el salario mínimo actual es de $1.300.000. Además de estas sanciones económicas, las empresas también podrían enfrentar medidas más severas, como la suspensión de actividades o la revocación de licencias.
Isabel Mancera Caldas, Coordinadora de Economía Circular de Trulab, organización caleña que acelera el desarrollo de las cadenas de valor agroindustriales y de economía circular, señala que dichas leyes son pilares para mejorar el cierre de ciclo de los materiales aprovechables y establecen una serie de medidas punitivas para quienes no las acaten.
“La Ley 1407 de 2018 se destaca por su enfoque en la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Esta ley establece que los fabricantes y productores son responsables de gestionar los residuos generados por sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto incluye la recolección, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos una vez que se convierten en desechos”, explica Mancera.
Por otro lado, la coordinadora agrega que está la Ley de plástico de un sólo uso (Ley 2232 de 2022), la cual busca reducir la contaminación por plásticos y fomentar prácticas más sostenibles en el manejo de residuos. Esta ley establece fechas límite para la eliminación progresiva de los productos de plástico de un solo uso y promueve alternativas más amigables con el medio ambiente, como bolsas reutilizables y materiales biodegradables, así como la sustitución de materia prima virgen por reciclada.
Recientemente, la ministra de Ambiente, María Susana Muhamad, ha anunciado que a partir del 7 de junio de 2024 entrará en vigencia la prohibición para la producción y uso de plásticos de un solo uso en Colombia. Según la delegada, se eliminarán un total de 14 productos de forma gradual, con plazos que van desde dos hasta ocho años, con el objetivo de iniciar una transición hacia alternativas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
Entre los productos incluidos en la prohibición se encuentran las bolsas de punto de pago, bolsas para embalar periódicos o revistas, mezcladores y pitillos, así como soportes plásticos para bombas de inflado, entre otros. Actualmente, se están debatiendo algunos aspectos del decreto emitido por el Ministerio. Esta ley establece multas de hasta cincuenta mil (50,000) SMLMV, el decomiso de plásticos y la clausura temporal o definitiva del establecimiento en caso de incumplimiento.
“Cabe recordar que muchas de estas sanciones se imponen según la gravedad de la infracción y los criterios de ponderación establecidos en la ley. Sin embargo, las empresas también pueden recibir obligaciones restitutorias, que las obligan a realizar acciones específicas para corregir el incumplimiento y restituir el daño causado. Además, se puede contemplar la orden de suspensión temporal de las actividades de las empresas, y en situaciones extremas, las autoridades pueden revocar las licencias, permisos o autorizaciones de operación de la empresa como consecuencia del incumplimiento reiterado o grave», afirma Mancera.
Así mismo, agrega que desde Trulab buscan aportar al cumplimiento de estas normas, adaptando medidas para cierre del ciclo productivo en empresas y organizaciones que gestionan envases y empaques, y aportando a la sostenibilidad de los modelos de negocio en el ecosistema de economía circular. Por lo cual, con el objetivo de liderar iniciativas junto a empresas de diferentes sectores para acelerar el desarrollo de la economía circular en Colombia, Trulab, viene trabajando con más de 25 organizaciones de recicladores de oficio a nivel nacional, impactando a más de 4.000 personas entre la población civil y los actores del ecosistema de gestión de residuos sólidos del país. Además, proyectos como Riviera o Modelo Fintech han recibido una inversión total de más de $600 millones para llevar adelante iniciativas de economía circular.
La observancia de las normativas sobre el uso y la gestión de residuos sólidos aprovechables en Colombia es fundamental para lograr que los materiales vuelvan a su ciclo productivo y avanzar hacia un modelo económico más sostenible. Ahora, la responsabilidad recae en las empresas, no sólo para adoptar este tipo de estrategias, sino también para colaborar con diversas organizaciones con el fin de optimizar sus procesos hacia un futuro más verde.
