Un gravamen que preocupa a la industria
La decisión del Gobierno Nacional de establecer el impuesto al patrimonio mediante decreto en el marco de la emergencia económica ha generado inquietud en el sector autopartista colombiano. El tributo busca recaudar cerca de $8,3 billones, afectando a unas 15.000 empresas con patrimonios iguales o superiores a $10.475 millones (200.000 UVT).
Aunque la medida pretende atender los efectos de la ola invernal, Asopartes advierte que el impacto directo recaerá sobre la liquidez empresarial, la reinversión y la competitividad industrial.
Un sector estratégico en riesgo
El gremio recuerda que la industria autopartista:
- Factura $21 billones anuales.
- Articula más de 65.000 establecimientos entre fabricantes, comercializadores y servicios especializados.
- Depende en un 85 % de importaciones, lo que la hace vulnerable a fenómenos como el contrabando y la presión cambiaria.
Al tratarse de un gravamen sobre el patrimonio y no sobre la utilidad, el impuesto afecta la estructura financiera de las compañías independientemente de su desempeño operativo, reduciendo su capacidad de reinversión, modernización tecnológica e innovación.
Voces del gremio
“Este impuesto puede erosionar los márgenes operativos en un sector que ya enfrenta alta presión por importaciones y contrabando. Gravar el patrimonio limita la liquidez necesaria para modernización tecnológica, innovación y generación de empleo formal”, afirmó Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes.
Retos adicionales: electromovilidad y competitividad
La medida llega en un momento clave: el sector avanza hacia la electromovilidad, digitalización y fortalecimiento de estándares técnicos. La nueva carga fiscal podría frenar inversiones en activos productivos, infraestructura logística y desarrollo tecnológico, justo cuando la industria busca mayor formalización y competitividad frente a productos importados.
Llamado al equilibrio tributario
Asopartes reconoce la necesidad de atender emergencias nacionales, pero insiste en que las políticas fiscales deben mantener un equilibrio que preserve la inversión productiva y la estabilidad jurídica. El gremio reiteró su disposición a participar en espacios de diálogo técnico con el Gobierno para construir alternativas que permitan recaudar sin comprometer la sostenibilidad del sector.
