En el año 2022, según datos presentados por la fintech chilena Ceptinel, se reveló que en la industria de seguros de Latinoamérica y Estados Unidos, el margen operacional sufrió pérdidas del 5 al 10%. Se calcula que cada incidente de fraude financiero implicó alrededor de $200,000.

En el ámbito bancario, las cifras varían según el país, pero actualmente se estima que los fraudes con tarjetas de crédito oscilan entre $200 y $300 millones anuales. Estas cifras podrían aumentar hasta $400 millones por mercado en 2025 si no se implementan medidas preventivas de forma adecuada.

Los fraudes financieros son acciones ilegales realizadas por individuos o grupos que buscan obtener ganancias de manera ilícita a través de instrumentos financieros como cuentas bancarias, tarjetas de crédito y seguros. Estos actos también afectan las pólizas de salud, vida y fallecimiento al suplantar a los beneficiarios y defraudar las coberturas médicas.

Generalmente, los fraudes financieros son perpetrados por organizaciones delictivas, incluyendo empleados corruptos de las empresas. Una práctica común en Chile es el fraude de autos, donde se simula un robo de tarjetas para activar seguros y recibir reembolsos no autorizados.

Además de las pérdidas económicas para las instituciones, el fraude financiero impacta negativamente en la reputación de las empresas, lo que provoca la pérdida de confianza por parte de los clientes y mayores repercusiones económicas.

La prevención del fraude financiero es fundamental y requiere la implementación de tecnologías especializadas y políticas de control estrictas. La inversión en tecnología antifraude puede prevenir pérdidas potenciales significativamente mayores en el futuro.

En cuanto a los individuos, es importante verificar cualquier comunicación recibida de entidades financieras y adoptar una actitud proactiva en la protección de sus activos. Las empresas no deben esperar a ser obligadas por la regulación, sino tomar medidas preventivas de forma anticipada.

La prevención del fraude financiero es crucial para proteger a las instituciones y a los individuos de las consecuencias económicas y reputacionales. La adopción de medidas preventivas y tecnologías especializadas es la clave para combatir este delito en el sector financiero.