Si la Ley 2365 es el “qué”, la Resolución 3461 de 2025 es el “cómo”. Esta norma, que pasó inadvertida para muchos empresarios, detalla los 13 componentes obligatorios del protocolo de prevención del acoso sexual laboral. Y trajo una prohibición contundente: los casos de acoso sexual no son conciliables. Se investigan, se sancionan y se remiten a la Fiscalía. Punto.
Los 13 componentes que el Ministerio exige
La Resolución 3461 enumera, uno por uno, los elementos que debe contener el protocolo. Los más críticos son:
- Declaración de principios de la alta dirección.
- Definición clara de acoso sexual con ejemplos concretos.
- Ámbito de aplicación: presencial, virtual, viajes, eventos y trayectos al trabajo.
- Canales de denuncia sin confrontación directa entre víctima y agresor.
- Medidas de protección inmediatas (separación de espacios, acompañamiento psicosocial).
- Prohibición de represalias.
- Ruta externa ante Fiscalía y Ministerio del Trabajo.
- Plan de seguimiento mínimo de seis meses.
El rol del Comité de Convivencia
La norma también redefinió el papel del Comité de Convivencia Laboral. Ya no es un órgano decorativo. Debe recibir capacitación específica en acoso sexual, participar en el diseño de la política y, en muchos casos, ser el primer receptor de las denuncias. Pero atención: no puede conciliar. Su función es activar el protocolo, no mediar entre las partes.
Cooperación obligatoria
Otro punto clave de la Resolución 3461 es la obligación del empleador de cooperar con las autoridades. Si una víctima decide llevar el caso a la Fiscalía, la empresa debe entregar toda la información requerida. Ocultar pruebas, dilatar la investigación o presionar testigos no solo agrava la sanción administrativa: puede derivar en un proceso penal por obstrucción.
El protocolo no es un documento para guardar en un cajón. Es un sistema vivo que debe estar listo para activarse en cualquier momento. Las empresas que lo ven como un trámite están cometiendo el error más costoso de todos.
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